Este lunes comienza una jornada histórica en el Congreso. Hasta el 27 de febrero, diputados y senadores debatirán un temario acotado pero de alto voltaje, definido por el Ejecutivo a través del Decreto 24/2026.
La decisión marca un punto de inflexión: el Gobierno busca avanzar con reformas profundas antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, con negociaciones abiertas, tensiones con gobernadores y votos que todavía no están asegurados.
Es el proyecto más ambicioso y también el más resistido. Propone cambios estructurales en el mercado de trabajo y un capítulo fiscal que genera alarma en las provincias, por el impacto directo en los fondos coparticipables.
El plan oficial incluye bajar el Impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una fuerte caída en la recaudación provincial. Gobernadores aliados ya advirtieron que sin compensación, no hay votos.
Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma "busca generar empleo formal", pero el debate promete ser áspero, especialmente en el Senado.
El otro tema caliente es la baja de la edad de imputabilidad. La intención original del Gobierno es llevarla a 13 años, aunque no se descarta fijarla en 14 para lograr consenso.
El proyecto reabre una discusión sensible que impacta de lleno en seguridad, justicia y sistema penitenciario. Hay apoyos, pero también fuertes cuestionamientos por la falta de infraestructura para contener a menores en conflicto con la ley.
En paralelo al inicio del debate, el oficialismo intensificó reuniones con gobernadores y bloques dialoguistas. Sin embargo, el escenario sigue abierto y la oposición ya mueve fichas para frenar los proyectos.
Los gremios anticiparon movilizaciones, mientras que el kirchnerismo presiona a las provincias para que rechacen la reforma laboral. A esto se suma un clima político cada vez más tenso, con cruces públicos entre funcionarios nacionales y mandatarios provinciales.
