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La medida alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos de control y autoridades municipales, incluyendo al gobernador y vicegobernador, ministros, legisladores, jueces, intendentes, concejales y a toda persona que ingrese a la administración pública en los cargos detallados por la norma.
Según los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca garantizar la idoneidad, la aptitud física y psíquica, y la integridad moral de quienes ejercen funciones públicas, en línea con los principios de transparencia y confianza ciudadana establecidos en la Constitución provincial.
El texto dispone que los test toxicológicos serán sorpresivos, se realizarán en el lugar de trabajo y mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria, respetando principios como la confidencialidad, la protección de datos personales y el debido proceso.
En caso de que el primer test arroje un resultado positivo, se deberá efectuar de manera inmediata un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, con resguardo de la cadena de custodia. Además, el funcionario tendrá derecho a solicitar una contraprueba dentro de las 24 horas, a su cargo y bajo control de la autoridad de aplicación.
El decreto establece de manera expresa que la negativa injustificada a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo, con las mismas consecuencias administrativas y políticas.
Las sustancias a detectar incluyen, entre otras, cocaína, marihuana, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, además de cualquier otra que determine la autoridad competente conforme a criterios científicos actualizados.
En cuanto a las sanciones, el DNU señala que, una vez confirmado un resultado positivo, se activarán los mecanismos de remoción previstos por la Constitución o las normas vigentes, según el cargo que ocupe el funcionario. Para quienes aún no hayan asumido funciones, el resultado positivo será causal de inadmisibilidad.
Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá remitir el decreto a la Legislatura provincial dentro de los próximos cinco días, conforme lo establece el artículo 145 de la Constitución de Salta.
