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Sus declaraciones públicas, la difusión de imágenes y la intervención de la Justicia brasileña reavivaron el debate sobre racismo, responsabilidad individual y las consecuencias legales de conductas discriminatorias en espacios públicos.
El episodio se originó durante una salida nocturna en la zona sur de Río de Janeiro. Páez, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba con un grupo de amigas en un local bailable cuando, según su relato, se produjo una discusión al momento de retirarse. “Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, afirmó en declaraciones al diario El Liberal.
De acuerdo con su versión, la situación se tornó tensa cuando comenzaron a reclamar lo que consideraban un cobro indebido. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, sostuvo.
Sin embargo, el conflicto continuó fuera del local. Páez aseguró que empleados del bar las siguieron por las escaleras y realizaron gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, explicó.
Esa secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y fue denunciada por el personal del establecimiento. Según la reconstrucción de medios brasileños como O’Globo y G1, los gestos y expresiones de la joven fueron interpretados como de contenido racista. En particular, se le atribuye haber utilizado la palabra “mono”, considerada un insulto de fuerte carga discriminatoria en el contexto local.
Tras el análisis de las imágenes, el gerente del bar solicitó que Páez permaneciera en el lugar y posteriormente radicó la denuncia policial. La causa quedó en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que dispuso medidas cautelares para garantizar el avance de la investigación. Como resultado, se le retuvo el pasaporte, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica y se le prohibió salir del país mientras dure el proceso.
La abogada reconoció el impacto que la situación tuvo en su vida cotidiana. “Ahora estoy encerrada en un departamento porque sé que en todos los medios brasileros está mi cara, mi nombre”, expresó. También afirmó estar atravesando un momento de extrema angustia. “Estoy recibiendo muchísimas amenazas. Cerré mis cuentas. Estoy muerta de miedo, literal”, sostuvo.
Según relató, al momento de declarar fue advertida de que, si intentaba abandonar Brasil, sería detenida. “Por ahora voy a tener este proceso en libertad. Tengo mi DNI, pero no puedo salir del país. Y la semana que viene me van a poner la tobillera electrónica”, concluyó.
