Al límite del vencimiento de plazos, este jueves ingresó al Congreso el DNU que amplía facultades de la SIDE. Se trata del decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia. Al cumplirse los diez días hábiles reglamentarios desde su publicación en el Boletín Oficial, la norma debía ser remitida de manera directa a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
A partir de ahora, la comisión contará con otros diez días hábiles para expedirse y emitir un dictamen sobre su validez. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, las dos cámaras quedarán habilitadas para tratar el decreto directamente en los recintos, tanto en Diputados como en el Senado.
En ese escenario ya trabajan distintos sectores de la oposición, encabezados por los bloques de Unión por la Patria (UxP), conducidos por el diputado Germán Martínez y el senador José Mayans. El objetivo es reunir los votos necesarios para rechazar la medida.
En la Cámara de Diputados, a los 93 integrantes de UxP podrían sumarse los cuatro legisladores del Frente de Izquierda y 22 del interbloque Unidos, integrado por Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
También se prevé el acompañamiento de la diputada Natalia de la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba; de Jorge “Gato” Fernández, de San Luis; y de Marcela Pagano, de Coherencia. En la misma línea se ubicarían dos exlibertarios que hoy integran País Federal, Claudio Álvarez y Gerardo González.
Esa construcción opositora podría alcanzar la mayoría en Diputados. Las conversaciones para sumar adhesiones continúan pese al receso de verano. Para abrir el recinto se necesitan 129 legisladores que den quórum; luego, el rechazo requiere el voto de la mitad más uno de los presentes.
El DNU 941/2025 establece en su artículo segundo que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
La norma define como investigación de inteligencia “al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”. En un nuevo inciso agrega que las tareas de contrainteligencia incluyen evitar “acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno”.
Esas actividades, señala el decreto, “pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales”.
Desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo de Cristian Auguadra, se difundió a comienzos de enero un comunicado en defensa de la medida. Allí se afirmó que “el DNU permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”. Según el organismo, “los cambios responden a los más altos estándares democráticos y republicanos”.
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