

Aseguran que, pese a reiterados pedidos de ayuda, no recibieron protección y que incluso fueron agredidos por efectivos policiales.
Desde la vereda de un estudio jurídico ubicado sobre calle 20 de Febrero, a la altura del 770, Verónica hizo pública una situación que, según relata, se arrastra desde 2023 y que terminó por dejar a su familia en la calle. Ella y su esposo, ambos con discapacidad, afirman haber sufrido violencia reiterada por parte de la suegra de Verónica, quien padece esquizofrenia, y de la cuñada, a quien señalan como partícipe clave del conflicto.
De acuerdo con el testimonio, la principal agresora sería la suegra, cuyo cuadro de salud mental se habría agravado por falta de medicación y asistencia. Verónica sostuvo que la mujer intentó atacarlos con objetos contundentes y un cuchillo, y que incluso amenazó a una vecina. “Antes, cuando estaba sin medicación, ya era difícil; ahora estaba peor”, relató.
La pareja asegura haber solicitado intervención e internación en 2023, sin obtener respuestas efectivas.
Explotación, falsas denuncias y desalojo
La cuñada ,hermana del esposo de Verónica, fue señalada como quien se aprovechó económicamente de la situación y buscó quedarse con la vivienda. Según la denuncia, realizó falsas acusaciones, no respetó restricciones vigentes y ejerció violencia psicológica.
El conflicto derivó en el desalojo de Verónica, su esposo y sus dos hijos pequeños, de 2 años y 5 meses. “Nos hicieron sacar un préstamo para terminar una casita arriba y después nos echaron; nos destruyeron todos los sueños”, expresó.
Uno de los puntos más graves del relato apunta a la falta de asistencia institucional. Verónica afirmó que, al intentar denunciar, la Policía de la 10ma minimizó sus declaraciones. “Como somos chicos especiales, no nos toman en cuenta”, aseguró, y agregó que les dijeron que su palabra “no cuenta” sin un abogado o representante legal.
La pareja denunció además agresiones físicas por parte de efectivos, incluso cuando Verónica sostenía a sus bebés, y aseguró haber sido tratada “como criminal”. Un abogado que los asesora les habría confirmado que la actuación policial fue incorrecta y que una orden de custodia que debía protegerlos durante 17 días no fue cumplida, permitiendo el ingreso de la cuñada a la vivienda.
Hoy, con patrocinio legal, Verónica y su esposo piden justicia y protección. Su principal preocupación es que la suegra reciba atención adecuada por su problema de salud mental. “Puede matar a alguien”, advirtió Verónica, al señalar que la mujer es inimputable y necesita medicación o internación.
La familia hizo un llamado urgente a las autoridades para que se activen los protocolos correspondientes, se garantice la seguridad de las personas involucradas y se asuma la responsabilidad estatal en materia de salud mental, protección de personas con discapacidad y resguardo de niños. “Queremos que quienes tienen que cumplir las distintas instancias se hagan responsables”, concluyó.


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