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El caso, relatado en un video que rápidamente se viralizó, generó fuerte preocupación por los mecanismos de baja, los tiempos de autorización de estudios y la imposibilidad de la paciente de acceder tanto al sistema privado como al público.
La denunciante explicó que contrató Sancor Salud para su madre el 1 de enero, y que ella utilizó la cobertura sin inconvenientes hasta septiembre u octubre, cuando una mamografía de control reveló un nódulo que requería estudios complementarios.
A partir de allí comenzaron radiografías, ecografías y consultas médicas, que culminaron en la necesidad de una biopsia para determinar si el hallazgo era maligno. Sin embargo, la prepaga tardó un mes en autorizar el procedimiento, argumentando “falta de papeles”.
Durante ese tiempo, la paciente presentó inflamación de ganglios y requería una segunda biopsia. Fue al solicitar la autorización cuando se descubrió que su madre había sido dada de baja.
Al acudir personalmente a una sucursal, la joven consiguió que le imprimieran el telegrama de baja ,que, según asegura, nunca llegó a su domicilio. El motivo informado por Sancor Salud habría sido una “falsedad en la declaración jurada”, señalando que la paciente ocultó padecer “obesidad”.
La hija negó categóricamente esa acusación: afirmó que su madre declaró su peso, altura y masa corporal exactos, y que jamás tuvo diagnóstico de obesidad. Para él, la empresa “inventa un argumento para no cubrir un tratamiento costoso de cáncer”.
Sin cobertura y en medio de estudios urgentes, la familia quedó sumida en una profunda incertidumbre. Al intentar obtener respuestas, una empleada de la sucursal le sugirió que optara directamente por la vía legal porque “acá nadie te va a ayudar”. Ante esto, el hijo buscó asesoramiento con abogados para presentar un recurso de amparo, pero se encontró con dos obstáculos: honorarios que rondan los $2 millones y un nivel de incertidumbre judicial donde existe un 50% de posibilidades de que la medida no prospere.
El panorama se complicó aún más cuando intentaron recurrir al sistema público de salud. En el primer hospital les informaron que no podían asumir el tratamiento por falta de recursos para financiar a nuevos pacientes. En el segundo, una médica les comunicó que la mujer todavía figura como paciente con prepaga, lo que impide la entrega de medicamentos y tratamientos, aun cuando presentaron el telegrama de baja de Sancor Salud.
Esta situación dejó a la paciente en un verdadero “limbo sanitario”: rechazada por la prepaga que debería cubrir su tratamiento y rechazada también por el sistema público, que no puede atenderla porque, según sus registros, aún posee un seguro privado activo.
