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A 27 años del brutal asesinato de los hermanitos Melanie (9) y Octavio Leguina (6) en La Silleta, la posibilidad de que Marcelo Torrico, uno de los condenados, recupere la libertad vuelve a generar conmoción en Salta.
La jueza de ejecución penal Ada Zunino confirmó que el condenado “ya cumplió su condena” según lo establecido por la legislación argentina. Explicó que, aunque el caso provoca un profundo rechazo social, los magistrados deben actuar conforme a derecho:
“Nos guste o no, la ley es la que marca los tiempos. Si la condena está agotada y cumple los requisitos, la justicia tiene la obligación de analizar su libertad”, expresó Zunino en PUE!
Torrico fue condenado en 1998 por el aberrante crimen de los hermanitos Leguina, cometido junto a Ariel Esteban Brandán. Ambos recibieron la pena máxima: 25 años de prisión. Sin embargo, con los años de detención cumplidos y las reducciones previstas en el cómputo penal, el expediente indica que su condena numérica está agotada.
Zunino remarcó que la justicia no puede actuar por sentimientos, sino que debe ajustarse a las normas vigentes:
“La función del juez no es decidir por gusto personal, sino conforme al derecho. En un Estado de derecho, nadie puede estar detenido más allá del tiempo legalmente establecido”, sostuvo.
Para que la libertad de Torrico se concrete, aún faltan pericias psicológicas que evalúen su estado mental y su capacidad de reinserción.
El condenado pasó 25 años aislado del resto de la población carcelaria, lo que, según expertos, puede haber generado conductas particulares que deben ser examinadas por un profesional neutral.
Zunino destacó la importancia de que la evaluación sea realizada por un perito sin vínculos emocionales con el caso, para evitar sesgos de compasión u odio.
Durante su encierro, Torrico tuvo un régimen más flexible y llegó a usar un celular de manera controlada, una hora diaria bajo supervisión. Además, padece una enfermedad cardíaca y solicitó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder a sus medicamentos, aunque la Junta Médica ya dictaminó que su cuadro no constituye una discapacidad.
El caso reabre un viejo debate sobre los límites de la justicia penal y la sensibilidad de la sociedad ante crímenes tan aberrantes. Zunino insistió en que, aunque resulte difícil de aceptar, “ningún juez puede sostener una prisión indefinida cuando la condena ya se cumplió”, y que su deber es aplicar la ley, no el sentimiento.
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