Caso Vialidad: esperan que antes de fin de año comience la ejecución de 20 propiedades de CFK

Una vez más, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la “inmediata ejecución patrimonial “ de los condenados en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), responsable de ejecutar la pena, avanzó con una serie de trámites previos y aguarda la decisión de la Cámara de Casación sobre un reclamo de Cristina Kirchner. Se espera que el decomiso empiece a hacerse efectivo antes de fin de año.

Integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el TOF 2 que ejecuta la pena ya tomó varias decisiones respecto al decomiso en el marco de la causa Vialidad, con la finalidad de llegar a cubrir 684.990.350.139,86 pesos.

El 15 de julio, el TOF 2 intimó a Cristina, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y los demás condenados por haber defraudado al Estado desde 2003 a 2015, a que paguen voluntariamente -como estipula la ley-, el monto fijado como decomiso actualizado. El pago se afronta de forma solidaria, es decir que el monto reclamado se cubre entre todos los condenados.

El plazo impuesto por el Tribunal para el pago del decomiso fue de diez días hábiles; como nadie depositó en la cuenta correspondiente el dinero exigido, se puso en marcha la instancia siguiente, la ejecución patrimonial hasta cubrir los 685.000 millones de pesos.

Una decisión importante que tomó el Tribunal fue consolidar el lapso en el que se cometió el delito, lo que como consecuencia despeja qué bienes puede ser alcanzados por el decomiso, es decir aquellos incorporados al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015.

Pero la ejecución de los bienes embargados en el marco de este expediente aún no inició.

El jueves pasado, en un extenso dictamen, los fiscales indicaron: “La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años, además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley. Esto obliga al tribunal a activar los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes embargados, hasta cubrir la suma de la defraudación”.

Los representantes del Ministerio Público recordaron que se cumplieron cuatro meses desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia condenatoria en Vialidad. “Ante el incumplimiento de esa intimación, corresponde avanzar sin más demoras hacia la ejecución del decomiso sobre el dinero de los condenados o, en su defecto, sobre los bienes sustitutos de este”, sostuvieron Luciani y Mola.

Así, la fiscalía reclamó que sin más trámites de por medio, se avance en la recuperación de los bienes de la defraudación “para asignarlos a fines nobles, útiles y públicos. Es decir, para que ahora sí cumplan las finalidades originales: verdaderas inversiones del Estado en rutas, salud, educación, vivienda, jubilaciones, justicia, seguridad, etc”.

La medida también cumple otro objetivo: un mensaje de cara a la sociedad, “para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a lograr el recupero de activos provenientes de los delitos, en especial de la gran corrupción”.

Sin embargo, el calendario no será inmediato. En primer lugar, hay que recordar que ante el pedido de los fiscales la expresidente interpuso un escrito con el que logró ganar tiempo.

La defensa a cargo de Carlos Beraldi, pidió que todo lo referido a la ejecución patrimonial deje de tramitar en Comodoro Py y se vaya al fuero Civil y Comercial. Ese debate está en manos del máximo tribunal penal, que fijó una audiencia para el 24 de octubre.

Después correrán cinco días hábiles, para que los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resuelvan si la ejecución patrimonial permanece en Comodoro Py o cambia de fuero.

Recién entonces, y si el caso permanece en manos del TOF 2, se resolverá la ejecución patrimonial.

Estiman que todo estará definido antes de fin de año. De ser así, esa decisión convivirá con otro juicio por hechos de corrupción que afrontará Cristina Kirchner: el 6 de noviembre comienza el debate oral del caso Cuadernos de las Coimas, donde la principal acusada es la exmandataria, señalada por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa y cohecho (coimas).