La suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, dispuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 681/2025, generó fuerte malestar en las organizaciones de familias y pacientes de Salta.
En declaraciones a Aries, Luis González, referente de TGD Padres TEA en la provincia, manifestó la indignación del sector. “Es una falta de respeto lo que está haciendo el Gobierno con los más vulnerables. La situación crítica que vivimos antes ahora se profundiza muchísimo más”, sostuvo.
La norma había sido reclamada durante dos años por organizaciones de todo el país, que llevaron adelante movilizaciones y gestiones para visibilizar la problemática. Según González, la suspensión representa un nuevo retroceso: “La discapacidad no puede seguir siendo una variable de ajuste. No se puede hablar de libertad mientras se cercenan derechos”, advirtió.
En Salta, las familias con hijos con Trastorno del Espectro Autista y otras condiciones enfrentan serias dificultades para acceder a prestaciones, coberturas de salud y apoyos educativos. La emergencia había sido vista como una herramienta clave para aliviar esa situación.
“Es inconcebible que después de todo lo que hicimos, el Gobierno frene la aplicación de una ley ya sancionada. Otra excusa más para seguir ensañándose con quienes menos tienen y más necesitan”, concluyó González.
