Según trascendió, Orozco habría impulsado la creación de medios de comunicación ficticios con el objetivo de facturar millonarias sumas en concepto de publicidad. El caso generó fuerte repercusión debido a que se trata de la actual presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, un rol que debería garantizar transparencia y pluralidad en materia de comunicación.
Los informes periodísticos señalan que estos portales beneficiados por la pauta habrían recibido alrededor de 215 millones de pesos, a pesar de contar con una audiencia reducida y sin presencia significativa en redes sociales. La sospecha se acrecienta por las conexiones entre los distintos sitios, lo que indicaría que se trataba de una red diseñada únicamente para canalizar fondos públicos.
Este nuevo episodio se suma a otros momentos controvertidos de la legisladora libertaria, quien en el pasado ya había estado en el ojo de la tormenta por declaraciones polémicas contra jubilados y enfrentamientos con periodistas.
Hasta el momento, Orozco no emitió un comunicado oficial en respuesta a las acusaciones. Sin embargo, el caso amenaza con convertirse en un golpe a su imagen pública y a su campaña al Senado, en un contexto donde el debate sobre el uso de la pauta oficial y la transparencia en la gestión de fondos públicos vuelve a estar en el centro de la agenda política.
