El Gobierno le reclama a Amado Boudou que devuelva más de $236 millones de su jubilación de privilegio

Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno le pidió a Amado Boudou que devuelva el monto que cobró por su jubilación de privilegio.

El Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informaron que hicieron una demanda conjunta para que el exvicepresidente entregue "$236.066.031,25, más su pertinente actualización“.

En su presentación, aseguraron que la asignación fue revocada porque Boudou es considerado “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.

En noviembre, el organismo que conduce Mariano de los Heros, dio de baja la jubilación de Boudou que para la Casa Rosada se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. El exfuncionario “K” interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución.

Boudou fue condenado por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública –que concurren en forma ideal– a la pena de cinco años y 10 meses de prisión e inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.

Los argumentos de la ANSES para dar de baja la jubilación de privilegio de Boudou fueron los siguientes:

• “La percepción de un beneficio otorgado en razón del honor, mérito y buen desempeño en el cargo no se sostiene respecto de quien se encuentra condenado por delitos contra la administración pública”.
• “Su otorgamiento constituye un acto de ilegitimidad y nulidad absoluta, por atentar contra los principios fundamentales del sistema republicano y democrático de gobierno contenidos en la Constitución Nacional”
• “Correspondería el recupero de todas las sumas que fue abonadas y percibidas en concepto de asignación mensual vitalicia hasta el momento de la revocatoria, a fin de reestablecer el imperio de la juridicidad al erario público, con más intereses”.