No obstante, y pesar de contar con este insumo, la Corte Suprema no trataría en su acuerdo de este martes la causa Vialidad, sino que se tomaría una semana más para trabajar en la sentencia, señalaron a este diario dos funcionarios del Palacio de Justicia.
Abona esta idea un viaje que tiene previsto realizar a México el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, que partiría el miércoles y regresa el lunes feriado, para estar la semana próxima ya trabajando en su despacho.
Rosenkrantz ya formalizó el pedido de licencia en el alto tribunal, agregaron las fuentes.
Pero la principal novedad que se conoció este lunes en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde los jueces de la Corte tiene sus despachos, es que el secretario penal del máximo tribunal, Seitún, emitió un informe interno en el que concluye como solución que se rechacen todos los recursos, de los acusados y del fiscal Mario Villar, y que de este modo se confirme la condena a 6 años de prisión de Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Idealmente, ese informe es un insumo para que los jueces de la Corte lo utilicen a fin de analizar el caso, pero en general no es un dictamen vinculante, sino que se trata de papeles de trabajo.
Es que, además, los secretarios de cada vocalía, especializados en temas penales, redactan sus propios proyectos de sentencia, según las instrucciones que reciben de sus jefes, los jueces de la Corte.
En casos de alta tensión política o con muchos agravios, son los borradores de los secretarios de cada cortesano los que terminan siendo el esbozo de la sentencia que finalmente verá la luz.
“Se vive en las noticias una psicosis mediática y política”, dijo un funcionario de la Corte para describir el clima externo al tribunal.
Pero fuentes de la Corte señalaron que, más allá de que esta sea una solución posible, los magistrados están trabajando en un texto fundado para llegar a esta conclusión, no en cuatro líneas que no den razones.
La Corte Suprema ya resolvió 24 recursos de queja de los distintos imputados a lo largo del proceso que arrancó en 2016.
