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La fiscal penal 3, subrogante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 6 para un hombre de 48 años, acusado de una grave serie de delitos: abuso sexual simple, lesiones leves y rapto; abuso sexual simple en concurso real con rapto (dos hechos); abuso sexual con acceso carnal (dos hechos); abuso sexual simple (dos hechos); y abuso sexual simple, coacción y rapto.
El caso tomó gran visibilidad pública y avanzó con fuerza en la justicia gracias a la cobertura de PUE! y, en particular, al valiente testimonio de Abril, una de las víctimas, quien decidió romper el silencio y contar su historia en nuestros estudios. Su relato, crudo y detallado, marcó un punto de inflexión: motivó a más mujeres a denunciar y obligó a las autoridades a actuar con celeridad.
Según el requerimiento fiscal, se logró acreditar con grado de probabilidad la existencia de múltiples ataques contra la integridad sexual, algunos con lesiones y rapto, todos con un modus operandi similar. El imputado utilizaba su vehículo de remis como escenario, aprovechándose de pasajeras que buscaban un traslado seguro, generalmente en horas de la madrugada.
La maniobra inicial consistía en alegar que “el sensor del taxímetro no funcionaba” para pedir a las pasajeras que se sentaran en el asiento delantero o entre los asientos, bajo el pretexto de que así el sistema detectaría el viaje. Esto generaba una cercanía física forzada, que luego derivaba en tocamientos, agresiones y amenazas.
En muchos casos, desviaba la ruta, aceleraba el vehículo o trababa los seguros de las puertas para aislar a las víctimas, coaccionándolas con amenazas explícitas o insinuadas, incluyendo el conocimiento de sus domicilios.
Las consecuencias fueron devastadoras: las víctimas describieron miedo, angustia y secuelas psicológicas graves. En un caso, incluso se reportó la pérdida de un embarazo a causa del impacto emocional.
Un factor determinante en la investigación fue la conexión entre las víctimas, quienes lograron reconocerse y compartir información —incluida la fotografía del agresor— en redes sociales. Este caso, potenciado por la difusión en PUE!, fue clave para que el patrón de abusos saliera a la luz y las autoridades avanzaran hacia el juicio.
