Patricia Bullrich criticó a un juez federal de Salta por beneficios otorgados al narco "Coya" Rojas

Un polémico fallo del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, Domingo José Batule, que declaró inconstitucional el régimen de encierro al que está sometido el capo narco y homicida Raúl Ricardo "Coya" Rojas, provocó una ola de indignación en el Ministerio de Seguridad de la Nación y en el ámbito judicial federal. Ambas instancias anunciaron que apelarán la resolución y, en el caso de la Fiscalía de Salta, también se evalúa denunciar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura.

La reacción más dura llegó desde el Ministerio que conduce Patricia Bullrich, que emitió un comunicado oficial acusando al juez de "debilitar la seguridad de los argentinos" y de adoptar una postura "garantista y pro-delincuente". La cartera nacional advirtió que el fallo podría permitir a Rojas —líder de la organización narcocriminal "Los Coyas"— operar nuevamente desde prisión, al flexibilizar su régimen de aislamiento y habilitar el contacto físico con familiares y visitas más extensas.

"Este tipo de decisiones socava los esfuerzos por desarticular las estructuras criminales más peligrosas del país", señaló el Ministerio de Seguridad, que confirmó que apelará la resolución de Batule.

 
Por su parte, la ministra Bullrich publicó en sus redes sociales: "Podemos desarticular bandas, blindar fronteras y encerrar a los narcos más peligrosos. Pero con que un solo juez sea pro delincuentes, alcanza para tirar todo abajo. A Raúl Rojas, condenado a perpetua por homicidios y narcotráfico, 'un juez' le dio beneficios por fuera del sistema de presos de alto riesgo. Ahora podría salir 8 horas por día de su celda y recibir visitas con contacto físico. ¿Y las víctimas? ¿Y sus familias? ¿Y los que arriesgaron la vida para atraparlo? ¿Y los argentinos que exigimos vivir seguros? Nosotros no miramos para otro lado. Vamos a apelar el fallo. Porque no defendemos delincuentes. Defendemos a los argentinos".

Por su parte, el fiscal federal de Salta Carlos Amad adelantó que prepara un recurso de casación horizontal (que presentará en primera instancia en el foro federal local) para impugnar la decisión.

"Estamos trabajando en un duro recurso y además evaluamos la posibilidad de denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura", señaló. 

El fiscal recordó que hace apenas unos meses la jueza de Casación Gabriela Catalano había rechazado el mismo planteo de inconstitucionalidad, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones.

Con su fallo, el juez Batule dispuso que Rojas, actualmente alojado en el penal de Ezeiza, pueda permanecer fuera de su celda durante ocho horas diarias, acceder a tratamiento psicológico, educación y trabajo, y mantener contacto físico con sus familiares, incluida su pareja e hijos menores. También ordenó restablecer la comunicación regular con su abogado defensor.

El magistrado salteño declaró la inconstitucionalidad del régimen de 20 horas diarias de encierro que se le aplica a Rojas bajo un sistema creado por el actual Ministerio de Seguridad.

Según el juez, las condiciones actuales de detención afectan la salud mental del interno, le impiden mantener vínculos familiares y vulneran sus derechos a la defensa. La defensa de Rojas argumentó que desde su ingreso a Ezeiza no pudo concretar el casamiento con su pareja, no ve a sus hijos y no tiene comunicación estable con su abogado.

Batule citó las Reglas Mandela de Naciones Unidas, estándares del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y pronunciamientos de la Procuración Penitenciaria de la Nación para justificar su decisión. Aunque reconoció que los antecedentes penales del detenido justifican un régimen especial, advirtió que el encierro prolongado sin una justificación individualizada constituye una forma de trato cruel e inhumano.

En su fallo, el juez ordenó al Servicio Penitenciario Federal mantener a Rojas en el penal de Ezeiza pero adecuar el régimen a "estándares constitucionales".