
La investigación se inició tras un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que alertó sobre la distribución de material de abuso sexual infantil desde la provincia de Salta. La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de la fiscal Sofía Cornejo, llevó adelante el caso. En julio de 2024, se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado en Cafayate, donde se secuestró evidencia digital que fue clave para la causa.
El material incautado reveló que el condenado filmaba y distribuía videos en los que abusaba sexualmente de una menor de edad perteneciente a su círculo familiar cercano. Además de la pena de prisión, el juez ordenó que el condenado sea registrado en el Banco de Datos Genéticos y que se someta voluntariamente a un tratamiento psicológico, dada la gravedad de los hechos.
Este caso resalta la importancia de la cooperación internacional y el trabajo de las fiscalías especializadas en ciberdelitos para combatir la explotación sexual infantil. También pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección de los menores en entornos digitales.


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