

La precariedad de las condiciones de alojamiento en dependencias policiales, que no están diseñadas para detenciones prolongadas, quedó nuevamente expuesta.
Los hechos incluyen la huida de un condenado por robo que limó barrotes en Aguaray, y la evasión de un acusado de abuso sexual que, a pesar de tener tres dedos menos en una mano, logró quitarse las esposas y escapar durante un traslado médico en Salvador Mazza. Ambos casos resaltan la falta de seguridad y las condiciones mínimas necesarias para alojar a personas privadas de su libertad en estos recintos.
Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, calificó la situación en comisarías y destacamentos policiales como "crítica". Aunque se informó una leve disminución en el número global de personas alojadas en comisarías, que ronda las 550, el organismo continúa monitoreando de cerca la situación, especialmente en el norte provincial.
El debate sobre el uso de comisarías como lugares de detención prolongada se intensifica, mientras las autoridades provinciales aseguran avances en la infraestructura carcelaria para aumentar la capacidad de alojamiento. Sin embargo, la veracidad de estos datos aún no ha sido completamente cotejada por el Comité, que sigue trabajando para garantizar los derechos de las personas detenidas.


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