“Veté esta ley de quiebra”: el día que Cristina Kirchner también les dijo no a los jubilados

“He vetado esta ley de quiebra”, confirmó Cristina Kirchner la noche del 14 de octubre de 2010, durante un acto en la Casa Rosada, y aprovechó de paso para rechazar las críticas que había recibido más temprano. “Cuanto más me pegan, más fuerza me dan”. Dijo que no le temía a los costos políticos. “Esa ley es una estafa para los jubilados”.

Por aquel entonces la jubilación media equivalía al 36% del salario medio. El proyecto que había aprobado el Senado (con el desempate de Julio Cobos que le mereció el adjetivo “okupa” por Cristina) se proponía llevar el haber al 82% del salario mínimo. Las jubilaciones, además, venían rezagadas desde la caída de la convertibilidad, siempre con gobiernos peronistas: mientras los salarios habían aumentado 271%, las jubilaciones lo habían hecho 183%.

Según estimaciones de aquel gobierno, el costo del proyecto equivalía al 6% de la recaudación prevista para 2011. Ahí nomás empezó un debate en torno a subordinar el monto de las jubilaciones al estado de las cuentas públicas en lugar de ver cómo ordenar el Presupuesto para garantizar los pagos establecidos por la legislación vigente.

La comparación entre el proyecto de 2010 y el actual, y por lo tanto entre el veto de Cristina y el de Milei, esconde diferencias. El proyecto actual cambia la movilidad de todas las jubilaciones vigentes. La iniciativa de 2010 consistía en una modificación de la determinación del haber hacia adelante. El día uno de ley actual el gasto en jubilaciones aumentará 0,4 p.p. del PBI (anualizado) porque a todos los jubilados habrá que pagarles 7% del aumento y el bono de $100.000. La otra ley, la de 2010, no cambiaba nada desde el primer día, pero para llegar al 82%, con las nuevas jubilaciones, iba a significar que se duplicaría el gasto previsional a lo largo del tiempo. Era una bomba.

Javier Curcio, economista del IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, lo resume así: “aquella ley era totalmente inviable y la de hoy incompatible con el nivel de superávit que el Gobierno propone”. Y agrega: “Hay dos temas. Uno es de dimensión fiscal. El 82% móvil rompía la lógica que tiene el sistema previsional con los aportes contributivos y no contributivos que paga el 40-60% de los salarios promedios al momento de la jubilación. Pagar el 82% implicaba casi duplicar la inversión en el sistema previsional en el mediano plazo sin modificar su financiamiento, algo inviable en términos fiscales. El cambio actual significa, en cambio, recuperar poco más del 7% que se perdió con la aceleración inflacionaria de fines de 2023, complejo pero administrable”.

Volviendo al 2010, Cristina criticó a la Alianza y el recorte del 13 por ciento a jubilados de 2000 del equipo económico de José Luis Machinea, el ministro de Economía de Fernando De la Rúa. También atacó a la reducción de empleados públicos que hubo y siguió con el default de 2001 de Adolfo Rodríguez Saá.

En ese entonces, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Eric Calcagno, afirmó que el 82 por ciento “no se puede pagar con los fondos de la ANSeS. Plantea un sistema jubilatorio gravoso e ineficaz que dinamita la seguridad social y mete el déficit en el Presupuesto”. Varios legisladores kirchneristas insistieron con los mismos fundamentos. El número dos del bloque, José Mayans, recordó que la Presidenta adelantó que vetaría la ley “ porque no hay forma de conseguir los fondos”. Y Luis Juez reconoció que no están los fondos para dar el aumento “pero hay que pelearse con alguien para conseguirlos”.